El objeto de trabajo del jurista está presente en las áreas fundamentales en que se expresan las relaciones jurídicas, como son: las constitucionales; las civiles; las familiares; las administrativas; las empresariales; las laborales y de seguridad social; las internacionales en los ámbitos público y privado; las penales; y las procesales.
La compleja urdimbre de relaciones que constituyen el antes definido sistema de Derecho y la amplísima red de lugares en que puede desempeñarse el jurista no pueden hacernos perder de vista los elementos comunes, las acciones y habilidades generales y esenciales que deben tener los egresados para poder afirmar que disponen de una formación básica e integral.
Haciendo pues una valedera generalización de las multifacéticas actividades del jurista podemos distinguir con claridad tres grandes modos de actuación del egresado:
- La asesoría.
- La representación.
- El control y preservación de la legalidad.
- La impartición de justicia
La asesoría jurídica es un modo u acción que realizan casi todos los profesionales del Derecho. Hasta los notarios y los propios jueces –cuya función no es por su esencia evacuar consultas – tienen entre sus deberes orientar. Pensemos por ejemplo en el acto de notificación de una sentencia y en la orientación que emiten los jueces a los interesados sobre su derecho a recurrir. Ella, con relación a los demás modos de actuación aquí relacionados, constituye el nivel básico de competencia de un jurista.
Otro tanto ocurre con la representación legal. En muy puntuales esferas de actuación no está presente este modo de desempeño profesional. Podría decirse que sólo cuando el jurista se haya investido para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales o notariales, u ocasionalmente, cuando se acude a él con el único propósito de evacuar una consulta jurídica, no tiene lugar este modo ejercer la profesión.
El control y preservación de la legalidad es la función esencial que nuestro sistema jurídico confiere a los fiscales. Pues para su satisfacción se confiere a estos funcionarios un amplio marco de atribuciones en cuyo desempeño requieren de destrezas que corresponden a otros modos de actuación precedentemente expuestos y otras que no quedan englobadas en ninguno de los aquí identificados. Así por ejemplo, entre las primeras, la emisión de dictámenes en virtud de consultas formuladas y la representación ante los órganos de la administración de justicia de menores de edad, personas incapaces, ausentes que carezcan de representante legal, y del propio Estado cubano; y , entre las del último grupo, la comprobación de la correspondencia con la Constitución y las leyes de los actos jurídicos que se realicen por los organismos del Estado y sus dependencias, las direcciones subordinadas a los órganos locales del Poder Popular y por las demás entidades económicas y sociales, y por los ciudadanos, así como el pronunciamiento de resoluciones con fuerza vinculante respecto al restablecimiento de la legalidad cuando se considere que ha sido quebrantada.
La impartición de justicia entraña la decisión de conflictos y litigios en cualquiera de los órdenes en que se manifiestan las relaciones jurídicas. Para el desempeño de esta función se exige un amplio dominio de las habilidades requeridas en los modos de actuación precedentes; un alto sentido de responsabilidad y justicia; y una proyección social conforme a los parámetros éticos de nuestro proyecto político.